La nueva Ley de Asistencia Social integra acciones para la atención de niñas, niños y adolescentes hijas o hijos de jornaleros migrantes, al ser un sector que requiere de apoyos inmediatos para su atención, manifestó la diputada Guillermina Morquecho Pazzi, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Detalló que estas acciones permitirán ampliar el espectro de derechos de los diferentes grupos vulnerables que habitan en el estado para recibir servicios de calidad, con oportunidad y prontitud según sea el caso.
Además, se incorporaron mecanismos para atender de manera más puntual y promover las adopciones de menores que se encuentren bajo resguardo de las instituciones de asistencia social, tanto públicas como privadas, por medio de la conformación de un Comité Técnico de Adopción.
Este órgano tendrá como funciones el unificar todos los programas de adopción que se apliquen en el Estado, con el fin de lograr la uniformidad de los mismos en las instituciones públicas y privadas, y brindar atención para los trámites respectivos.
“Dentro del tema de las adopciones también se considera la uniformidad de requisitos para este trámite y que sean más cortos los tiempos para favorecer a los niños que van a ser adoptados como los padres que están solicitando la adopción”.
Añadió que esta legislación incluye la participación en el Sistema Estatal de Asistencia Social de las instituciones que vigilan el respeto a los derechos fundamentales de los grupos indígenas, y en un marco de congruencia con lo dispuesto por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en el apartado correspondiente a los Centros de Asistencia Social se unifican conceptos y criterios en materia de asistencia social que permitan la adecuada protección y cuidado de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental.
Señaló que otro punto que se incluyó, fue la promoción de bancos de alimentos, propuesta presentada por los legisladores Martha Orta, Josefina Salazar y Manuel Barrera, con lo cual se busca un aprovechamiento de los alimentos por parte de particulares y cadenas comerciales para hacerlos llegar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad alimentaria.