Al cumplir con su compromiso para la implementación en tiempo y forma del Sistema Estatal Anticorrupción, el pleno de la LXI Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
Éste es un ordenamiento que da vigencia a la Ley General en la materia, el cual respeta el orden y contenido de la misma, y tiene por objetivo reglamentar el Título Décimo Segundo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos.
Esta ley destaca en este aspecto la inclusión de la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones de modificación patrimonial, de cumplimiento de obligaciones fiscales y de posible conflicto de intereses, así como la publicidad de las mismas.
También establece de manera clara y contundente las infracciones y sanciones en que pueden incurrir los servidores públicos, las cuales se clasifican en graves y no graves, correspondiendo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la imposición de las sanciones, y en las segundas, a los órganos de control de las entidades.
Se establece una excepción para los servidores públicos de elección popular, y los magistrados, en cuyo caso, el Tribunal actuará en el procedimiento como autoridad substanciadora hasta dejar el asunto en estado de resolución, remitiéndolo al Congreso del Estado para que, en su caso, proceda como autoridad resolutora.
Asimismo, es de destacar que se introduce un apartado especial para las infracciones y sanciones en que pueden incurrir los particulares que intervienen en procesos que implican manejo de recursos u obra pública.
Ante la inminente necesidad de revertir la situación de corrupción como problema público, es necesario establecer instrumentos legales e institucionales que sean eficaces y efectivos en su combate; por ello, la legislación debe evitar y corregir la segmentación normativa e institucional que ha propiciado la ineficacia de los distintos componentes en materia de combate a la corrupción.
Por tanto, esta ley busca erradicar las deficiencias que han posibilitado que la corrupción sea concebida por la ciudadanía como una práctica reiterada en el ejercicio del servicio público; asimismo, presenta en su contenido una estructura normativa que de manera conjunta con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, establece bases contundentes para la sistematización de acciones efectivas que permitan abolir este grave flagelo de la sociedad.
Igualmente tiene por objetivo determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas, y crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público.