Conscientes de la difícil situación económica por la que atraviesa el país y en una muestra de solidaridad con la sociedad, se ha determinado en el Poder Legislativo eliminar de manera total y definitiva la partida destinada a gestoría institucional y capacitación de la Cuenta 3000 de Servicios Generales aprobada en el pleno del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2017, que representan recursos por 14 millones 272 mil 524 pesos.
Esta medida que encabeza el plan de austeridad en el Poder Legislativo, es impulsada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Barrera Guillén, del Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Chávez Méndez, Nueva Alianza (Panal), Ricardo García Melo, y de la Revolución Democrática (PRD), Graciela Gaitán Díaz, así como el presidente de la Comisión de Vigilancia, J. Guadalupe Torres Sánchez, y con ello, se solicitará a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, que el recurso de la Cuenta 3000 que asciende al monto de 14 millones 272 mil 524 pesos, no sean suministrados a esta soberanía y se mantenga en las arcas del Estado.
Las modificaciones al presupuesto del Congreso del Estado que se encuentran contempladas dentro del artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se pondrá a consideración del Pleno y en su caso aprobado durante la primera sesión ordinaria del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año Legislativo, que inicia el primero de febrero.
Además, como parte fundamental del plan de austeridad emprendido por el Congreso del Estado, se va a congelar la contratación de nuevas plazas para evitar el crecimiento de la nómina, y no habrá incrementos al salario de los 27 Legisladores y funcionarios de primer nivel y de confianza del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2017.
La LXI Legislatura se mantendrá vigilante de la aplicación de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para transparencia y certidumbre a la ciudadanía del ejercicio responsable de los recursos públicos.
