talla pequeña

Se aprueban reformas para beneficio de las personas de talla pequeña

La LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma al artículo 2° de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí, para incluir dentro del concepto de personas con discapacidad a las personas de talla pequeña.

Estas acciones, permitirán apoyar a las personas que padecen de trastorno de talla y/o peso, al poder ser partícipes de los programas y acciones gubernamentales, principalmente en materia de salud, educación, trabajo y accesibilidad.

En el dictamen respectivo, se indica que este tipo de modificaciones a la legislación permitirán lograr la inclusión de este sector y comenzar a instrumentar ajustes y políticas específicas.

La propuesta fue presentada por la legisladora Josefina Salazar, en base a una petición de un grupo de personas que integran la población de talla pequeña en San Luis Potosí y que buscan visibilizar sus necesidades, a fin de que puedan ser incluidas como personas con discapacidad y así puedan acceder a los programas gubernamentales.

Señala en su propuesta, que la Talla Baja es producto de una serie de condiciones médicas, que se dan por las anomalías musculoesqueléticas congénitas, que causan: la displasia ósea, que es cuando el crecimiento anormal de los huesos se detiene en algún punto del desarrollo; y dentro de sus variedades está la acondroplasia, presente en gran número de casos de Talla Baja, que se caracteriza por miembros cortos a diferencia del tronco: es transmitida por un gen específico y afecta desde la etapa embrionaria.

Para esta condición, en muchos casos se recomiendan intervenciones quirúrgicas correctivas para mejorar la motricidad de la persona. La medicina reconoce más de 300 tipos diferentes de displasia ósea.

Además, se busca con esta reforma posibilitar ajustes razonables para mejorar su vida cotidiana, por medio de la modificación de los obstáculos arquitectónicos en lo público; así mismo se posibilitaría la implementación de políticas públicas, como la realización de un censo, y probablemente también el otorgamiento de apoyos, que podrían ser la diferencia en muchos casos que requieren cirugías; además, gradualmente se obtendría la visibilización y concientización de su condición, para poder combatir la discriminación en su contra.