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Propuesta para crear padrón de empresas constructoras incumplidas

Con el fin de evitar la contratación de constructoras incumplidas, el gobierno del Estado y los Ayuntamientos deberían crear un padrón que permita conocer que empresas están en condiciones de acceder a los proyectos de obra pública, propuso el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, diputado Sergio Desfassiux Cabello.

Dijo que el mantener un estrecho control sobre las empresas cumplidas es responsabilidad estricta de las autoridades estatal y municipales, aunque en lo que corresponde al Congreso del Estado, se estaría pensando en crear una ley, en donde se establezca en base a un marco jurídico, cuáles serían las empresas que estarían impedidas en participar en los proyectos de obra pública, tanto del Gobierno del Estado como de los ayuntamientos.

El legislador Sergio Desfassiux, dijo “creo que hay reglas claras en relación a ello y las multas que se deben aplicar a las empresas constructoras que no cumplen en tiempo y forma con la entrega de las obras afectando directamente el derecho de terceros. Lo que tenemos que entender es que el responsable de aplicar la ley y por lo tanto los multe, son las propias autoridades del Estado y municipios, pues no se puede permitir que se les perdone, bajo acuerdos que únicamente afectar la vida cotidiana de los potosinos” acotó.

Sobre la propuesta de crear un padrón de empresas incumplidas, el diputado y presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, reiteró que quien lo debe de formar son las Secretarias ejecutoras del Gobierno del Estado y los municipios, porque son ellos, quienes deben de garantizar que las obras se desarrollen en los tiempos establecidos dentro de los convenios previos y, sobre todo, no se debe permitir que se rebasen los tiempos, pues para ello, se deben hacer efectivas las garantías económicas.

Además el diputado Sergio Desfassiux, señaló que la creación de un padrón es una buena alternativa que pueden utilizar las autoridades para que se garantice que la obra pública sea entregada a empresas constructoras responsables.